Reformemos la Ley de Partidos

PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS

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PROPUESTA DE REFORMA DE LA LEY DE PARTIDOS POLÍTICOS  / foro +democracia / Octubre 2013.

SUMARIO

Preámbulo

Exposición de motivos.

Capítulo primero. Los partidos políticos

Artículo 1.- Los partidos políticos

Artículo 2.- Libertad de creación y organización de partidos políticos

Artículo 3.- Constitución y personalidad de los partidos políticos

Artículo 4.- Inscripción en el Registro

Artículo 5.- Derechos y obligaciones de los partidos políticos

Artículo 6.- De la disolución o suspensión judicial de los partidos políticos

Capítulo segundo. Los derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas, y de los miembros y colaboradores.

Artículo 7.- De los ciudadanos y los partidos políticos

Artículo 8.- Derecho de inscripción.

Artículo 9.- Deberes de los miembros.

Artículo 10.- El derecho a la igualdad de trato.

Artículo 11.- Derecho a la formación política

Artículo 12.- Derecho a la libertad de expresión

Artículo 13.- Derecho de participación

Artículo 14.- Derecho a un procedimiento con garantías

Capítulo tercero. La organización de los partidos políticos

Artículo 15.-  Estatutos y normas internas

Artículo 16.-  Estructura de los partidos

Artículo 17.-  Congreso del partido

Artículo 18.-  Parlamento interno

Artículo 19.-  Órgano ejecutivo

Artículo 20.-  Responsable de la administración

Artículo 21.-  Comisión de ética y garantías

Artículo 22.-  Comisión de auditoría de cuentas y Comisión de control de gastos electorales

Artículo 23.-  Transparencia y apertura de datos.

Capítulo cuarto. El funcionamiento de los partidos políticos

Artículo 24.-  Formación de la voluntad de los partidos.

Artículo 25.-  Elección de órganos internos de los partidos.

Artículo 26.-  Elección de candidatos del partido a procesos electorales ciudadanos

Capítulo quinto. La financiación y transparencia presupuestaria de los partidos políticos

Artículo 27.- Principios de rendimiento de cuentas y transparencia presupuestaria.

Articulo 28.- Principios básicos de financiación .

 

PREAMBULO.

La necesidad de una regeneración democrática de las instituciones políticas es uno de los clamores populares más persistentes en estos momentos en la sociedad española. De todas las instituciones políticas, la más necesitada de reformas es la de los partidos políticos. Así lo ponen de manifiesto las encuestas de opinión que muestran el decreciente nivel de confianza y la falta de afecto que éstos despiertan en los ciudadanos.

Es indiscutible que los partidos políticos sufren una crisis de dimensiones extraordinarias, pero también lo es que sin partidos políticos no hay democracia que pueda funcionar, ya que en ellos descansa la organización de la representación y participación políticas. Así lo proclama la Constitución en su artículo 6 cuando declara, entre otras cosas, que “son instrumento fundamental de la participación política”. Participación y representación no son dos formas alternativas de entender la democracia. En el mundo actual, la democracia representativa es la única concebible, por lo que es básico que los órganos que articulan la representación no excluyan la participación ciudadana, sino que sean tan plurales, transparentes y abiertos como lo exige la idea original de democracia.  Una democracia que no puede sustentarse en el supuesto de que ya dispone de las instituciones pertinentes para funcionar como tal, sin plantearse reiteradamente si esas instituciones, y las personas que las componen, están cumpliendo con los objetivos que las definen y se guían por los valores que la ética y el ordenamiento jurídico reconocen como fundamentales.

Las razones del deterioro de los partidos políticos son harto conocidas y, hasta cierto punto, comprensibles. En la transición democrática, el peligro más temido por los constituyentes fue el de no ser capaces de construir un régimen político que gozara por encima de todo de estabilidad política. Fue dicha preocupación por la estabilidad lo que condujo a la creación de unos partidos fuertes, homogéneos y cerrados en sí mismos, temerosos de albergar conciencias excesivamente críticas y de sucumbir a la dispersión de facciones opuestas entre sí. Se fueron consolidando, en consecuencia, unas organizaciones en las que lo importante eran la unidad y la disciplina internas, por encima de la relación directa e interactiva con la ciudadanía. Un sistema electoral de listas cerradas contribuyó a ahondar la distancia entre electores y candidatos, los cuales, una vez en posesión de sus cargos, se han venido mostrando más pendientes de rendir cuenta de sus actuaciones a sus respectivos  partidos, que de atender a las demandas de la ciudadanía.

Si, de acuerdo con el artículo de la Constitución Española arriba citado, es función de los partidos concurrir “a la formación y manifestación de la voluntad popular”, es evidente que una organización distanciada de los ciudadanos lo que menos hace es ocuparse de la formación o hacerse eco de las voluntades populares. En más de treinta años de democracia, no se ha inculcado a la ciudadanía la convicción de que los cargos electos son, efectivamente, los interlocutores más pertinentes para recoger las quejas y sugerencias de los ciudadanos. No ha sido así porque, por su parte, los partidos políticos han devenido maquinarias para organizar elecciones y han descuidado el poder formativo y auténticamente representativo de que eran depositarios. Todo ha contribuido a que hoy sean vistos como instrumentos de iniciación en la carrera política, una carrera que no exige tanto formación cuanto obediencia a unas reglas destinadas ante todo a mantener la cohesión interna de la militancia, en especial aquella que aspira a hacer de la política su ocupación profesional.

La descripción es desoladora no tanto por los vicios que la institución de los partidos políticos ha ido desarrollando, cuanto por la escasa voluntad que ha mostrado en corregirlos. Si hoy se exige a voces la reforma de los partidos es porque un cambio en profundidad es condición necesaria para la regeneración de la democracia. Los defectos hablan por sí mismos y lo más lamentable es que hacen cada vez más difícil mantener la teoría de que los partidos son necesarios. Aunque sólo fuera para cerrar el paso a aventuras de nuevos grupos, construidos sobre la única base de evitar la lógica partidista, habría que emprender sin dilación una reforma de los partidos políticos.

Felizmente lograda la transición a la democracia, la obsesión por la estabilidad política no debe ser ya un imperativo irrenunciable como lo fue en el período constituyente. Sabemos que los partidos son un puntal imprescindible del funcionamiento democrático, pero también que los partidos que tenemos no contribuyen a sostener el prestigio que toda democracia merece. Sería una lástima, e incluso una irresponsabilidad, que, por creerse insustituibles y porque sólo ellos mismos pueden dinamizar la transformación requerida, los partidos siguieran dando largas a su regeneración y evitaran los cambios sustantivos que la ciudadanía exige desde hace tiempo.

La propuesta de una Ley de Partidos que se presenta a continuación propone algunas alternativas a la organización y funcionamiento de los partidos, que pueden contribuir a hacerlos más democráticos, más participativos y más cercanos al sentir de la ciudadanía. Más democracia interna, más apertura a la participación y menos distancia del mundo exterior son seguramente los tres valores menos reconocibles en la actuación de los partidos. No podemos aceptar como una inercia de las democracias consolidadas que la militancia política decrezca, bien porque considere que la participación es ficticia e inútil, bien porque las organizaciones políticas se muestren incapaces de mantener el magnetismo que en algún momento ejercieron. A la ciudadanía hay que convencerla de que la política es algo más que la lucha por arrebatarle el poder al adversario. El “partidismo” debería dejar de ser el motivo de nuestro escenario político, como si no hubiera otros intereses que los de cada corporación para construir la razón pública. Sería bueno que los partidos volvieran a ser laboratorios de ideas y que sus dirigentes no tuvieran otro móvil que el del servicio público. Una reforma en profundidad nunca es la panacea que corrige todas las deficiencias, pero sí es muestra de la voluntad de erradicarlas. Es el primer paso para recuperar la confianza perdida

 

EXPOSICION DE MOTIVOS.

  1. Los partidos son instrumentos de los que se dota una sociedad democrática para ordenar los cambios en el poder, la actualización de los programas políticos, la renovación de los cargos públicos, la elaboración de las leyes, el control de los poderes ejecutivos y, en general, una amplia gama de decisiones políticas y administrativas que tienen impacto directo y a largo plazo sobre la vida de las personas y sobre la convivencia democrática.
  2. Los partidos, de todas las ideologías, pertenecen a la sociedad porque expresan su pluralismo, pero también porque se financian con recursos públicos, tienen la primacía de la representación política e institucional, seleccionan a los candidatos y candidatas a cargos públicos y a los miembros de relevantes órganos institucionales y constitucionales, gran parte de sus representantes reciben retribuciones públicas a través de los cargos que ocupan en los poderes ejecutivos y legislativos, y porque sus miembros, cuando acceden por elección o por designación regulada por las leyes a cargos públicos, adquieren la condición de autoridades públicas lo que conlleva, entre otras cosas, privilegios procesales como el aforamiento.
  3. Estas ideas se sintetizan en el art. 6 de la Constitución: “Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política. Su creación y el ejercicio de su actividad son libres dentro del respeto a la Constitución y a la Ley. Su estructura interna y funcionamiento deben ser democráticos”.
  4. En la Transición se apostó por la estabilización de las instituciones estableciendo instrumentos que, pasadas tres décadas, están mostrando efectos negativos. Ejemplos de tales instrumentos de estabilización son la moción de censura constructiva o el sistema agravado de reforma constitucional para algunas decisiones políticas fundamentales, entre otros. Con la voluntad de aportar estabilidad, la Transición apostó por unos partidos que gravitaban sobre sus órganos ejecutivos y, de hecho, blindó a sus direcciones frente a los afiliados y a la sociedad. De este modo, la Ley Electoral estableció listas cerradas y bloqueadas y la Ley Orgánica de Partidos Políticos no impuso límites a los plazos entre congresos, no reguló la rendición de cuentas de las direcciones de los partidos a los parlamentos internos, no  estableció procedimientos de elección de los cargos internos y candidaturas a cargos públicos, etc.
  5. Treinta años más tarde, encontramos a los partidos políticos españoles entre los más cerrados de Europa: celebran sus congresos en los plazos más dilatados (cuatro años), sus parlamentos internos (los órganos previstos para controlar a sus órganos de dirección) son ineficaces por masificados y realizan convocatorias irregulares sin competencias definidas, las candidaturas a las elecciones y la composición de los órganos internos se deciden por procedimientos de cooptación. Quienes dirigen un partido político español tienen hoy menos obligaciones sobre su funcionamiento interno o sobre su financiación que quienes lo hacen en una pequeña empresa o una comunidad de vecinos.
  6. El deficiente funcionamiento de los partidos políticos es una de las causas del distanciamiento con el que la ciudadanía vive la participación política. Los miembros de los partidos, más que sentirse partícipes de sus decisiones, se suelen sentir rehenes de sus direcciones. Los partidos son considerados por la mayoría de la ciudadanía como organizaciones de cargos públicos y aspirantes a cargos públicos, sin que sean percibidos como cauces para la participación efectiva en la vida pública.
  7. La sociedad española necesita actualizar la organización de sus partidos, acompasarla al desarrollo de la propia sociedad. El punto de partida de la presente propuesta de reforma de la Ley de Partidos es el derecho de los ciudadanos y ciudadanas a la participación política efectiva en la vida pública. Los partidos tienen una obligación especial, atendiendo al interés general, de modernizar y democratizar su funcionamiento interno. Respetando su libertad organizativa, el funcionamiento interno de los partidos políticos debe inspirarse en los principios de inclusión, igualdad, formación, libertad de expresión, separación de poderes internos, rendición de cuentas, integridad, participación, transparencia y buen gobierno.
  8. El objetivo de la presente propuesta es contribuir a la consideración de la participación política, a través de la adhesión a los partidos, como una “virtud pública”. Cualquier ciudadana o ciudadano tiene el derecho de formar parte del partido de sus preferencias. La Ley ha de garantizar que los ciudadanos comprometidos con los partidos puedan participar efectivamente en la creación de la posición política de sus partidos y en la elección de los cargos internos y de candidaturas a cargos electos, mediante procedimientos transparentes y sin obstáculos artificiales que imposibiliten la creación de alternativas a la posición y a la dirección de los partidos en los distintos niveles. Algunas de las medidas que se introducen son:
    • La democratización del funcionamiento interno, incrementado la capacidad de participación de todas las personas afiliadas mediante “elecciones directas” para cargos internos.
    • El recurso ante la jurisdicción ordinaria en caso de vulneración de derechos por actos de los órganos ejecutivos.
    • La consideración de los programas electorales como “contratos con la ciudadanía”, con rendición de cuentas periódica y cuyo incumplimiento debe conllevar responsabilidades políticas.
    • La apertura de los procesos de selección de candidaturas electorales, incorporando al sistema electoral los procesos de ”primarias abiertas” organizadas por las juntas electorales.
    • La prohibición de condicionar la libertad de los cargos electos mediante la disciplina de voto.
    • La exigencia de transparencia del conjunto de los ingresos de los partidos, sean públicos o privados, estableciendo la nueva figura del responsable de la administración, penalmente responsable de la contabilidad de los partidos.
    • La prohibición de las donaciones anónimas y por parte de organizaciones con ánimo de lucro y el establecimiento de responsabilidades penales en caso de financiación irregular, tanto en campañas electorales como para el funcionamiento ordinario de los partidos.

9. Los problemas que aquejan al sistema político español no son excepcionales. Muchos otros países han tenido problemas similares. Los han resuelto democratizando sus sistemas políticos y regulando la actividad de los partidos y su financiación. En Estados Unidos, desde 1902 se adoptaron las elecciones primarias abiertas a la ciudadanía para elegir a los cargos públicos. En Alemania existe una Ley de Partidos que garantiza la actividad de los partidos con reglas similares a las que proponemos para su funcionamiento interno y para la elección de las candidaturas a cargos públicos por los afiliados. En Israel, Chile y Argentina se han regulado las elecciones primarias para elegir a los candidatos y candidatas a cargos públicos. En Gran Bretaña, reglas consuetudinarias establecen congresos anuales y un sistema de control de la dirección del partido basado en los grupos parlamentarios, que operan en la práctica como un permanente parlamento interno.

10. La situación actual de los partidos tampoco es nueva en España. El periodo final de la Restauración, al comienzo del siglo XX, mostró las consecuencias de la imposibilidad de reformar un sistema político. El fracaso de las elites políticas ante las propuestas de reforma de Silvela, Azaña y Canalejas bloqueó la política y llevó al país a dos golpes de Estado, a una precaria democracia y a una larga dictadura. Las firmes convicciones democráticas de los políticos españoles actuales impedirán que se repita este bloqueo, que se traduciría en el declive económico y político de nuestro país.


 

CAPÍTULO I

Los partidos políticos

Artículo 1. Los partidos políticos

  1. Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política.
  2. Los partidos políticos se ajustarán en su organización, funcionamiento y actividad al interés general, los principios democráticos y a lo dispuesto en la Constitución y en las leyes.
  3. La organización y el funcionamiento interno de los partidos políticos responderán de forma efectiva a los principios de libertad organizativa, inclusión, igualdad, formación, libertad de expresión, separación de poderes, rendición de cuentas, integridad, participación, transparencia y buen gobierno, desarrollados en la presente Ley Orgánica.

 

Artículo 2. Libertad de creación y organización de partidos políticos

  1. Los españoles podrán crear libremente partidos políticos conforme a lo dispuesto en la Constitución y en la presente Ley Orgánica.
  2. Los partidos políticos se regirán internamente por sus documentos básicos, tendrán la libertad de organizarse y determinarse de conformidad con las normas establecidas en la presente ley orgánica y las que, conforme a ella, establezcan sus estatutos.
  3. Los partidos políticos podrán constituir e inscribir federaciones, confederaciones y uniones de partidos mediante el cumplimiento de lo previsto en el presente capítulo y previo acuerdo expreso de sus órganos competentes.

Artículo 3. Constitución y personalidad de los partidos políticos

  1. Los promotores o promotoras de un partido político deben ser personas físicas, mayores de edad, que se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos, no estén sujetos a ninguna condición legal para el ejercicio de los mismos y no hayan sido penalmente condenados por asociación ilícita, o por alguno de los delitos graves previstos en los Títulos XXI a XXIV del Código Penal. Esta última causa de incapacidad no afectará a quienes hayan sido judicialmente rehabilitados.
  2. El acuerdo de constitución habrá de formalizarse mediante acta fundacional, que deberá constar en documento público y contener, en todo caso, la identificación personal de los promotores y promotoras, la denominación del partido que se propone constituir, quienes integran los órganos directivos provisionales, el domicilio y los estatutos por los que habrá de regirse el partido que trata de constituirse. El contenido mínimo de los estatutos es el determinado por el artículo 15  de esta ley orgánica.
  3. La denominación de los partidos no podrá incluir términos o expresiones que induzcan a error o confusión sobre su identidad o que sean contrarias a las leyes o los derechos fundamentales de las personas. Tampoco podrá coincidir, asemejarse o identificarse, aun fonéticamente, con la de ningún otro partido previamente inscrito en el Registro o declarado ilegal, disuelto o suspendido por decisión judicial, con la identificación de personas físicas, o con la denominación de entidades preexistentes o marcas registradas.
  4. Los partidos políticos constituidos podrán establecer en sus estatutos la creación y reconocimiento de organizaciones juveniles.
  5. Los partidos políticos adquieren personalidad jurídica por la inscripción en el Registro de Partidos Políticos que, a estos efectos, existirá en el Ministerio del Interior, previa presentación en aquél del acta fundacional suscrita por los promotores y promotoras, acompañada de aquellos documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos previstos en la presente ley orgánica.

Artículo 4. Inscripción en el Registro (basado en los artículos 4 y 5 de la Ley 2002)

Se incorpora un nuevo punto 5.

  1. La inscripción de un partido político, así como su denominación, su acta fundacional y sus estatutos, se publicarán en los correspondientes diarios oficiales y en la página web del Ministerio del Interior. También deberán publicarse de la misma manera las sucesivas modificaciones estatutarias acordadas por los órganos competentes de los partidos, así como los procedimientos internos de elección de responsables internos y cargos electos que complementen lo establecido en por la presente ley orgánica.

 

Artículo 5. Derechos y obligaciones de los partidos políticos .

  1. Los partidos políticos gozan de los derechos y las prerrogativas y se sujetan a las obligaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen.
  2. Los partidos políticos tienen el derecho al reconocimiento de su historia, origen e identidad, como aportación fundamental a la convivencia colectiva, así como a recibir financiación publica para el desarrollo de sus actividades, en la forma en que legalmente se establezca,
  3. Los partidos políticos ejercerán libremente sus actividades. Deberán respetar en las mismas los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos. Desarrollarán las funciones que constitucionalmente se les atribuyen de forma democrática y con pleno respeto al pluralismo.
  4. Los partidos políticos tienen la obligación de expresar el pluralismo político, mediante la formación y manifestación de la voluntad popular, promoviendo activamente la participación de los ciudadanos y ciudadanas en la vida política y social, y en especial, promoviendo la participación y la formación de sus miembros mediante la creación de estructuras organizativas inclusivas, igualitarias y transparentes, que promuevan la libertad de expresión, la rendición de cuentas y la integridad en el ejercicio de cualquier responsabilidad interna o pública.
  5. Los partidos políticos elaborarán mediante procedimientos democráticos y participativos sus propuestas electorales para las distintas convocatorias. Los programas electorales de los partidos tendrán la consideración de un contrato con la ciudadanía, sujeto a criterios de oportunidad política y su redacción deberá ser clara y directa de forma que se facilite su posterior seguimiento. Su cumplimiento deberá estar sometido a criterios periódicos de rendición de cuentas y su incumplimiento estará sujeto a responsabilidades políticas. Anualmente, todos los niveles territoriales y organizaciones en los que se organicen internamente los partidos, celebrarán jornadas de puertas abiertas a la ciudadanía para rendir cuentas de las iniciativas de control o desarrollo de las medidas propuestas en sus programas electorales.
  6. Los partidos políticos elaborarán códigos éticos de obligado cumpliendo para sus responsables internos y los cargos electos en sus candidaturas. Promoverán la información permanente de su actividad y principales datos, así como la participación efectiva de ciudadanos y ciudadanas, así como de sus miembros mediante el uso de las tecnologías de la información.

 

Artículo 6. De la disolución o suspensión judicial de los partidos políticos (artículo 9, y Capítulo III ley 2002)


 

CAPÍTULO II

Los derechos y deberes de los ciudadanos y ciudadanas, afiliados y afiliadas, y simpatizantes.

 

Artículo 7.- De los ciudadanos y ciudadanas, y los partidos políticos

  1. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho, en tanto cuerpo en el que reside la soberanía y la voluntad popular y receptores de las propuestas de los partidos políticos, a tener información pública y clara de sus principios y fines, de sus estatutos, su organización y su funcionamiento, así como de sus propuestas ideológicas, políticas o electorales y, periódicamente, balances de su grado de cumplimiento.
  2. Las propuestas electorales serán vinculantes y de obligado cumplimiento para las decisiones y actuaciones de los cargos que resultasen elegidos. En cualquier caso los ciudadanos y ciudadanas tendrán el derecho a que los partidos rindan cuentas a la sociedad sobre el cumplimiento de dichas propuestas y, en su caso, los motivos y responsabilidad de su incumplimiento.
  3. Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a participar en los partidos políticos de acuerdo con lo regulado en esta ley orgánica y sus respectivos estatutos. Así mismo, podrán participar en las elecciones primarias a candidaturas electorales que realicen los partidos políticos de acuerdo a los procedimientos que se establezcan en la legislación electoral y la presente ley orgánica.

Artículo 8. Derecho de inscripción.

  1. La inscripción a un partido político es libre y voluntaria. Nadie puede ser obligado a constituir un partido o a integrarse o a permanecer en el mismo.
  2. Cualquier ciudadano o ciudadana tiene derecho a solicitar su inclusión como miembro en un partido político, siendo los órganos competentes de dicho partido quienes resolverán sobre la admisión, con arreglo a esta ley orgánica y a sus estatutos. La denegación de una solicitud de ingreso debe ser motivada.
  3. Los miembros de los partidos políticos deben ser personas físicas, mayores de edad, y no tener limitada ni restringida su capacidad de obrar. Todos tendrán iguales derechos y deberes.
  4. Las prohibiciones generales de ingreso, incluso temporales, no serán lícitas. No obstante, los derechos de voto en las elecciones internas de los partidos políticos podrán suspenderse para aquellos miembros que se hayan incorporado en los dos meses anteriores a la celebración de dichas elecciones, si así fuera establecido en los estatutos.
  5. Cualquier persona puede abandonar en cualquier momento su pertenencia a un partido político.
  6. Los partidos políticos podrán establecer relaciones especiales de asociación con organizaciones sociales legalmente constituidas, reguladas mediante convenios, cuyas bases se establecerán en los respectivos estatutos. Los miembros de estas asociaciones podrán ser considerados miembros de pleno derecho de los partidos políticos, en función de lo establecido por los respectivos estatutos. La estructura y el funcionamiento interno de estas asociaciones deberán ser democráticos.
  7. Los partidos políticos podrán establecer relaciones especiales con organizaciones y asociaciones juveniles legalmente constituidas, a las que pertenezcan personas que no han alcanzado la mayoría de edad. Las relaciones se regularán mediante convenios, cuyas bases quedarán establecidas en los respectivos estatutos, garantizando que su organización y funcionamiento sean independientes. Sus miembros no podrán ser considerados miembros de pleno de derecho de los partidos políticos hasta que alcancen la mayoría de edad.

Artículo 9. Deberes de los miembros de los partidos políticos.

  1. Los miembros que pertenezcan a un partido político cumplirán las obligaciones que resulten de las disposiciones estatutarias y, en todo caso, las siguientes:

a)       Compartir los principios políticos y los fines del partido y colaborar lealmente para su consecución.

b)       Respetar lo dispuesto en los estatutos y en la normativa interna del partido.

c)       Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos directivos del partido.

d)       Abonar las cuotas y otras aportaciones que, con arreglo a los estatutos, puedan corresponder a cada uno.

  1. Todos los miembros de los partidos políticos que hayan sido elegidos para puestos de responsabilidad en órganos ejecutivos, de control o cargos electos, deberán suscribir individualmente un compromiso ético, que contemple las incompatibilidades, duración de mandatos, presentación de las declaraciones de intereses y patrimonio a los que queda sujeto, durante el ejercicio de su responsabilidad.
  2. Los órganos de los partidos políticos sólo podrán adoptar sobre sus miembros las medidas disciplinarias previstas en los estatutos y deberán hacerlo mediante los procedimientos contradictorios que impidan la indefensión. Las sanciones disciplinarias serán competencia de la Comisión de Ética y Garant) ﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽﷽ de redacci sexo.”tacieno de derecho hasta que alcancen la mayorñiua de cti ías, estas deberán ser siempre motivadas.

Artículo 10. El derecho de igualdad en los partidos

  1. Todos los miembros de los partidos políticos tienen iguales derechos sin que sea admisible discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo o religión desde el día de su incorporación.
  2. Los partidos políticos, para la elección de candidaturas electorales o cargos internos, deberán establecer reglas que garanticen una representación paritaria de candidatos y candidatas de cada sexo.
  3. Los partidos políticos, en función de su propio modelo organizativo, podrán establecer distintas figuras de colaboración, tales como la de simpatizante, voluntario/a o activista digital, o cuales quiera que faciliten una mayor participación de los ciudadanos y ciudadanas en la vida política. Los estatutos de los partidos políticos recogerán sus derechos y deberes, así como el correspondiente sistema de garantías, respetando en todo caso lo establecido por la presente ley.

 

Artículo 11. El derecho a la formación política.

  1. Los partidos políticos deberán promover activamente el acceso a la formación política de ciudadanos y ciudadanas y, especialmente, de sus miembros.
  2. Los miembros y colaboradores de los partidos políticos tendrán acceso a todos los medios para la formación y educación política que el partido pueda poner a su disposición. En la medida de lo posible ese acceso a la formación deberá extenderse a todos los ciudadanos y ciudadanas interesados en ella.
  3. Los partidos deberán propiciar la formación política ciudadana con ayuda de la tecnología, promocionando el trabajo en red, la participación y la colaboración con otras asociaciones y movimientos ciudadanos.


 

Artículo 12. Derecho a la libertad de expresión y de información 

  1. Los miembros de los partidos políticos, tendrlos que desde , ain que del partido como en su accia que alcancen la mayorñiua de cti án garantizado su derecho a la libertad de expresión, tanto en el interior de los partidos, como en su acción política en la sociedad.
  2. Los miembros de los partidos políticos tendrán derecho, en el marco del principio de transparencia que debe inspirar la actuación de los partidos, a:

a)       Conocer los documentos y propuestas sobre elaboración de la política o sobre el proceso de elección de las candidaturas y cargos públicos, que se estén tramitando o sean aprobadas por sus partidos.

b)       Conocer y participar en la elaboración de los programas electorales, así como a exigir rendir cuentas de las iniciativas de control o desarrollo de las medidas propuestas en los mismos.

c)       Tener información acerca de la composición de los órganos directivos y de administración de estos, de las decisiones adoptadas por dichos órganos, así como sobre las actividades que se vayan a realizar o sobre las ya realizadas.

d)       Estar al corriente de la situación económica de la organización.

e)       Conocer los datos curriculares y actuaciones de los cargos electos en las instituciones públicas en las que participen.

 

Artículo 13. Derecho de participación

  1. Los miembros de los partidos políticos tendrán derecho a la participación efectiva en la elaboración de los principales documentos y propuestas políticas y electorales, según lo determine la presente ley orgánica y los correspondientes estatutos. Los partidos políticos promoverán el uso intensivo de tecnologías de la información para favorecer la participación directa del mayor numero de ciudadanos y ciudadanas en la elaboración de sus políticas.
  2. Los órganos ejecutivos de los partidos políticos promoverán el uso de consultas directas sobre los temas de relevancia política. Así mismo, estatutariamente se establecerán mecanismos para que las propuestas elevadas a los órganos ejecutivos por miembros de los partidos, así como por organizaciones o entidades vinculadas, deban ser tratados por éstos y hechas públicas sus conclusiones.
  3. Los miembros de los partidos políticos tendrán derecho a elegir y ser elegidos, en las elecciones a delegados y delegadas de los congresos, y a miembros de los parlamentos internos o a cualquier otra responsabilidad interna en los partidos políticos. En estas elecciones deberá respetarse el voto secreto y los principios de paridad de género y proporcionalidad.
  4. Los miembros de los partidos políticos tendrán derecho a elegir y ser elegidos en las elecciones a candidaturas electorales, en cualquiera de los niveles de responsabilidad pública. Estas elecciones se realizarán mediante votación secreta en elecciones primarias.
  5. Igualmente, los órganos de los partidos políticos respetarán la libertad de voto de aquellos cargos electos presentados en sus listas electorales, en función de su conciencia y de acuerdo con los compromisos electorales de la formación por la que presentan su candidatura. Queda prohibida la aplicación de medidas de disciplina de voto por parte de los partidos políticos o los grupos institucionales que éstos formen en los respectivos niveles territoriales.
  6. Los miembros de los partidos políticos tendrán derecho a crear, en el seno de los partidos políticos, corrientes de opinión internas para defender posiciones políticas específicas. Para el desarrollo de sus actividades podrán utilizar los medios del partido en la manera que se determine estatutariamente.


 

Artículo 14.  Derecho a un procedimiento con garantías.

  1. Un miembro de un partido político sólo podrá ser sancionado por el mismo si actúa gravemente contra lo establecido por sus estatutos.
  2. La expulsión y el resto de medidas sancionadoras que impliquen privación de derechos a los miembros sólo podrán imponerse mediante procedimientos contradictorios, en los que se garanticen: el derecho a ser informados de los hechos que den lugar a tales medidas, el derecho a ser oídos con carácter previo a la adopción de las mismas, el derecho a que el acuerdo que imponga una sanción sea motivado y el derecho a formular recurso interno ante la Comisión de Ética y Garantías.
  3. La disolución o expulsión de agrupaciones u organizaciones del partido, así como la destitución de órganos o la destitución de alguno de sus responsables, sólo procederán en caso de actuaciones graves contra lo establecido por los estatutos del partido. En dichos estatutos deberán establecerse las causas en que sean procedentes tales medidas, el procedimiento para imponerlas, los plazos de resolución que deberán ser razonables y eficaces para la defensa efectiva y el sistema de recursos ante la Comisión de Ética y Garantías del ámbito territorial correspondiente. Para la adopción de estas medidas será precisa la ratificación posterior por el Parlamento Interno del ámbito territorial superior.
  4. Las sanciones impuestas por la Comisión de Ética y Garantías previstas en los apartados anteriores, serán  susceptibles del recurso judicial correspondiente ante el orden jurisdiccional civil.

 

CAPÍTULO III

La organización de los partidos políticos

 

Artículo 15.  Estatutos y normas internas

  1. Los partidos políticos tienen libertad organizativa para establecer su estructura, organización y funcionamiento, con los únicos limites establecidos en el ordenamiento jurídico y en la presente ley orgánica. El principio de libertad organizativa deberá hacerse compatible con los principios de inclusión, igualdad, formación, libertad de expresión, rendición de cuentas, integridad, participación y transparencia, entendidos como derechos individuales de sus miembros,  que inspiran la presente ley orgánica.
  2. El estatuto es el principal documento normativo interno a través del cual se establecen y regulan la estructura, organización y funcionamiento interno de los partidos políticos, así como los derechos y deberes de sus miembros, de acuerdo con los principios establecidos en el apartado anterior. Los estatutos pueden desarrollarse mediante reglamentos internos, por el procedimiento establecido estatutariamente.
  3. Los estatutos establecerán la denominación del partido político, así como el emblema que lo caracterice y diferencie de otros partidos.
  4. Los estatutos establecerán los derechos y deberes de los miembros, la estructura interna, las normas para la elección de responsables internos y de las candidaturas electorales así como sus correspondientes procedimientos de control, de acuerdo con lo establecido en la presente ley orgánica.
  5. Los estatutos, o los reglamentos internos que los desarrollen, deberán fijar un plazo de convocatoria de las reuniones de los órganos directivos colegiados que sea suficiente para preparar los asuntos a debate, el número de miembros requerido para la inclusión de asuntos en el orden del día, así como unas reglas de deliberación que permitan el contraste de pareceres y la mayoría requerida para la adopción de acuerdos.
  6. Los estatutos de los partidos y sus modificaciones se publicarán en el “Boletín Oficial del Estado” y en la página web del Ministerio del Interior.


 

Artículo 16.  Estructura de los partidos

  1. La estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos deberán ser democráticos y se ajustarán a lo dispuesto en la presente Ley y se desarrollarán mediante sus correspondientes estatutos.
  2. En el ámbito de su estructura interna, los estatutos establecerán, al menos:

a)       La Asamblea General o Congreso, que será el órgano máximo del partido o de la organización autonómica o territorial respectiva.

b)       El Parlamento Interno, que actuará como máximo órgano de consulta y decisión durante los periodos entre congresos.

c)       El órgano ejecutivo que ostentará la máxima representación y que dirigirá, administrará y aplicará la política del partido.

d)       El o la responsable de la administración del partido, y una Comisión de Auditoría de Cuentas y Control de Gastos Electorales.

e)       La comisión de ética y garantías para la solución de los conflictos que surjan en el seno del partido

  1. Estatutariamente se podrá exceptuar la creación de los órganos establecidos en los puntos b), d) y e), para las organizaciones territoriales inferiores al nivel autonómico, si bien sus funciones será asumidas por el nivel territorial inmediatamente superior.
  2. Así mismo, los partidos podrán crear otros órganos internos, pero dichos órganos no podrán ejercer ninguna de las funciones de representación y control que se asignan a los órganos previstos en esta Ley Orgánica.

Artículo 17.  Congreso del partido

  1. El Congreso del partido o Asamblea General es el órgano máximo del partido o de la organización autonómica o territorial respectiva. Dicho Congreso se constituye como la reunión del conjunto de sus miembros, que podrán actuar directamente o por medio de compromisarios o delegados que elijan y le corresponderá, en cuanto órgano superior de gobierno del partido, la adopción de los acuerdos más importantes del mismo, tales como la elección de los órganos ejecutivos, responsables internos, órganos de control, aprobación de programas marcos, la reforma de estatutos, acuerdos con otras entidades sociales  o a la disolución del partido.
  2. Los partidos políticos promoverán formulas de participación directa de la totalidad de sus miembros,  mediante el uso de tecnologías de la información u otras herramientas que, como el voto electrónico, permitan, para cada nivel territorial, la mayor implicación posible de sus miembros en los trabajos de sus congresos y asambleas, así como en las decisiones que se adopten.
  3. Los congresos ordinarios se celebrarán, como mínimo, cada dos años. Los estatutos del partido preverán la periodicidad y el mes el que se celebrarán. Transcurrido el plazo entre congresos sin haberse celebrado el congreso correspondiente, todos los responsables internos cesarán automáticamente, pasando a desempeñar sus cometidos en funciones hasta la celebración del nuevo congreso. En tal caso, la Mesa del Parlamento Interno convocará el Congreso que se celebrará, automáticamente, en el tercer fin de semana del mes siguiente al que debiera haberse celebrado el Congreso, bajo las condiciones de participación directa o elección de delegados al Congreso y reglamentos vigentes.
  4. También pueden celebrarse congresos extraordinarios por causas sobrevenidas, cuando así lo acuerde el órgano ejecutivo del partido o el Parlamento Interno por mayoría de sus miembros. Se celebrará Congreso extraordinario obligatoriamente cuando la gestión del órgano ejecutivo sea rechazada por la mayoría de los miembros del Parlamento Interno, en reunión ordinaria o extraordinaria convocada al efecto. El Congreso, en este caso, se celebrará dentro del mes siguiente a dicha votación y será convocado por la Mesa del Parlamento interno.
  1. En el caso que no sea posible adoptar formulas de participación directa, o en el que la dimensión de los Congresos a celebrar aconseje establecer representación mediante una estructura de delegados, su número se establecerá estatutariamente, de forma proporcional al número de miembros y/o electores en cada nivel territorial. El número máximo de delegados no excederá de 1000. En los congresos no habrá miembros natos. Los miembros de los órganos ejecutivos y comisiones de control podrán participar en el Congreso para la defensa de su gestión, así como en los debates políticos del Congreso, pero sin derecho de voto.
  2. Los congresos ordinarios deberán conocer y pronunciarse sobre la memoria de las actividades del partido en el periodo entre congresos, a propuesta del órgano ejecutivo, que serán presentados con la antelación que estatutariamente se establezca, y sometido a debate y votación.
  3. El Congreso elegirá en votaciones individuales separadas, como mínimo, al responsable de la administración, a los miembros de la Comisión de Ética y Garantías y a los miembros de la Comisión de Auditoría de Cuentas y Control de Gastos Electorales.

Artículo 18.  Parlamento Interno

  1. Los partidos políticos elegirán un Parlamento Interno, que actuará como máximo órgano durante los periodos entre congresos para las funciones de debate y resolución de las cuestiones políticas u organizativas que sean sometidas a su debate por el órgano ejecutivo, así como aprobará periódicamente su gestión y los presupuestos anuales. Antes de cada proceso electoral, de su correspondiente nivel territorial, aprobará el programa electoral.
  2. Los parlamentos internos se reunirán, al menos, cada seis meses, a fecha fija. En su orden del día se incluirá la aprobación de la gestión del órgano ejecutivo, mediante voto secreto. En caso de que la mayoría de sus miembros rechace la gestión de dicho gs en el G o a los cargos electos por las candidaturas de los partidos. politicos,órgano, se convocará un congreso extraordinario para el mes siguiente, bajo las mismas condiciones de representación y elección de delegados previstas para el congreso anterior.
  3. Estatutariamente se establecerá el número de miembros para cada parlamento interno, de forma proporcional al número de miembros y/o electores en cada nivel territorial. El número máximo de miembros no excederá de 200. En los parlamentos internos no habrá miembros natos. Los miembros de los órganos ejecutivos y comisiones de control podrán participar en el parlamento para la defensa de su gestión, así como en los debates políticos, pero sin  derecho de voto.
  4. La elección de los miembros del parlamentos internos se establecerá estatutariamente para cada nivel de la organización, respetando en todo caso lo establecido en el artículo 25 de la presente Ley Orgánica.
  5. El parlamento interno examinará el nivel de cumplimiento de las propuestas electorales de los partidos políticos con carácter anual, ya estén éstos en el gobierno o en la oposición, en los respectivos niveles territoriales. De esta revisión se dará cuenta pública a los miembros de los partidos políticos y sus simpatizantes mediante, como mínimo, su publicación el sitio web de cada partido político y podrá suponer una censura o reprobación a los órganos ejecutivos o a los cargos electos por las candidaturas de los partidos. El parlamento interno de cada nivel territorial promoverá la realización anual de las jornadas de puertas abiertas establecidas en el artículo 5.5 de la presente Ley Orgánica para rendir cuentas a la ciudadanía.

Artículo 19. Órgano ejecutivo 

  1. El órgano ejecutivo dirige y representa al partido en su ámbito territorial correspondiente.
  2. El órgano ejecutivo se elegirá en el congreso o asamblea, convocado a tal fin. Los miembros de dicho órgano se encargarán de la gestión de los distintos ámbitos de organización interna y actuación política del partido en el ámbito territorial correspondiente.
  3. El congreso o asamblea podrá establecer, de acuerdo con su propia estructura organizativa, la figura de máximo representante del partido. En tal caso se procederá a su elección de forma separada.
  4. Estatutariamente se establecerán el número de responsables internos para cada órgano ejecutivo, de forma proporcional al número de afiliados en cada nivel territorial. El número máximo de miembros no excederá de 35.
  5. Los partidos políticos podrán acordar sistemas de elecciones directas para la elección de los principales responsables internos de sus órganos ejecutivos.

Artículo 20.  El o la responsable de la administración del partido.

  1. El o la responsable de la administración asume la responsabilidad máxima de la gestión y autorización de los ingresos y gastos del partido. Sin su firma, o delegación expresa, no podrá haber movimientos en las cuentas bancarias del partido, en su respectivo nivel territorial u organización. El o la responsable de la administración nacional asume la responsabilidad y el control de los responsables de los restantes niveles territoriales u organizaciones, disponiendo para ello de total responsabilidad sobre la gestión económica del partido.
  2. El o la responsable de la administración, es elegido de forma separada, por el congreso del partido, para un mandato de cuatro años no renovable, entre miembros en excedencia de los cuerpos superiores de las respectivas administraciones públicas con formación jurídica y económica o entre gestores privados o profesionales de reconocido prestigio, sin antecedentes penales y que no hayan ejercido puestos de representación política en los últimos 5 años.
  3. El o la responsable de la administración, no podrá ejercer funciones similares en ninguna fundación, asociación u organización política, pública, sindical, empresarial o similar.
  4. El o la responsable de la administración, así como las personas físicas y personas sometidas a su autorización, estarán sujetas a lo establecido en el Código Penal y demás leyes vigentes, y responderán penalmente del ejercicio de sus funciones en iguales condiciones que los administradores de cualquier otra sociedad.

Artículo 21.-  Comisión de Ética y Garantías  

  1. En el partido y en sus organizaciones territoriales se constituirá una Comisión de Ética y Garantías, que será la responsable de velar por el cumplimiento de los estatutos, reglamentos de funcionamiento interno  y código ético, así como del cumplimiento de la legalidad vigente, para la solución de los conflictos que sean planteados por sus miembros y colaboradores, cuando éstos consideren que se han vulnerado sus derechos.
  2. Los miembros de estas comisiones serán elegidos para un mandato de cuatro años no renovable y se renovarán por mitades en los congresos sucesivos. Sus miembros no podrán pertenecer a los órganos ejecutivos, a los parlamentos internos o ser personal contratado por el partido y no deberán haber ejercido cargos de representación política en los últimos cinco años. Al menos la mitad más uno de sus miembros deberán ser nombrados entre personas de reconocido prestigio por su contribución a la reflexión ética, jurídica o politológica; no será precisa la inscripción en el partido para formar parte de dichos órganos.
  3. La Comisión de Ética y Garantías se regirá por los principios de independencia, imparcialidad, legalidad y probidad, desde el respeto a las leyes y en base al ideario del partido y su compromiso con los ciudadanos y ciudadanas. Todas sus resoluciones deberán ser fundadas y motivadas.
  4. La Comisión de Ética y Garantías tendrá las siguientes competencias:

a)       Garantizar los derechos reconocidos por los estatutos a sus miembros y órganos internos, mediante la resolución de los procedimientos establecidos reglamentariamente.

b)       Conocer de actos u omisiones que, por su naturaleza, constituyan presuntas infracciones legales o éticas provenientes de cualquier miembro u órgano interno, en los términos establecidos en las leyes, los estatutos, reglamentos de funcionamiento internos y Código Ético.

c)       Supervisar los procedimientos internos.

d)       Informar al órgano ejecutivo de los litigios y conflictos surgidos entre los miembros u órganos internos.

e)       Emitir dictámenes y recomendaciones dando seguimiento del cumplimiento de los mismos, así como incoar expedientes, estableciendo en su caso, las sanciones que pudieran corresponder.

f)        Conocer de las actividades económicas y situaciones patrimoniales de los responsables internos y cargos electos.

g)       Velar por el cumplimiento de las normas sobre incompatibilidades de cargos electos.

h)       Servir de canal de comunicación entre el partido y los ciudadanos y ciudadanas, participando en el diseño y ejecución de programas de capacitación y formación en materia de ética y garantías democráticas y promoviendo las buenas prácticas por parte de los miembros del partido en relación con la acción política. A tal efecto, podrá establecer convenios con organizaciones sociales para la asistencia en la realización de sus trabajos.

i)         Las demás que se deriven de su reglamento de funcionamiento.

  1. Los integrantes de la Comisión desempeñarán siempre sus funciones de manera colegiada.
  2. La Comisión de Ética y Garantías establecerá un mecanismo abierto a los ciudadanos y ciudadanas, de carácter confidencial y que garantice el anonimato, para la denuncia de posibles irregularidades o conductas que, por parte de los responsables internos o cargos electos, pueda atentar contra la legalidad, vulnerar el Código Ético o a las normas de funcionamiento del partido.
  3. Anualmente, la Comisión de Ética y Garantías hará publico a través del sitio web del partido, un informe sobre su funcionamiento y revisará la efectividad de su actuación.

Artículo 22.-  Comisión de Auditoría de Cuentas y Comisión de Control de Gastos Electorales.

  1. La Comisión de Auditoría se constituye como el órgano de control interno de los responsables de la administración de los partidos políticos. Su función es la de establecer una auditoría permanente de sus fondos públicos y privados, velando por el cumplimiento de los más exigentes niveles de legalidad, oportunidad y transparencia de sus cuentas. Anualmente informará a los órganos de dirección, incluida la Comisión de Ética Garantías, de la actividad económica y patrimonial del partido. Sus informes deberán hacerse públicos a través del sitio web del partido y remitirse al Tribunal de Cuentas y a la Agencia Tributaria.
  2. La Comisión de Auditoría estará compuesta por un máximo de seis miembros, elegidos en congreso de forma separada, entre profesionales de reconocido prestigio y formación en materia jurídica y económica, para un mandato de cuatro años no renovables y se renovarán por mitades en los congresos sucesivos. Para los miembros de esta comisión regirán las mismas incompatibilidades que para los miembros de la Comisión de Ética y Garantías.
  3. Los miembros de la Comisión de Auditoria de Cuentas constituirán una Comisión de Control de Gastos Electorales, que se formará a los ocho días de la convocatoria de las elecciones, de la que, además de los miembros de la Comisión Auditora de Cuentas, formarán parte expertos independientes de reconocido prestigio en auditoría, campañas electorales y publicidad y que deberán vigilar los gastos e ingresos del partido relacionados con el proceso electoral, emitiendo el correspondiente informe tras la finalización del mismo. Tras su correspondiente aprobación por la Comisión de Auditoria de Cuentas, el informe será remitido a las autoridades correspondientes, en función de lo establecido por las leyes electorales y de financiación de los partidos políticos y, en todo caso, en el momento de su remisión, se hará publico en el sito web del partido utilizando protocolos de datos abiertos.

Artículo 23.  Transparencia y apertura de datos.

  1. Los partidos políticos promoverán la máxima transparencia en la difusión de sus actividades y en la puesta a disposición de todos aquellos datos de interés ciudadano o que puedan facilitar la participación en la vida política, con la única limitación de las establecidas en las leyes de protección de datos de carácter personal.
  2. Reglamentariamente se establecerá la información mínima que los partidos deben poner a disposición de los ciudadanos y ciudadanas a través de sus sitios web. En cualquier caso y en el ámbito de los respectivos niveles territoriales, se facilitará periódicamente, utilizando protocolos de datos abiertos, la siguiente información:

a)       Estatutos, reglamentos, normas de funcionamiento interno de órganos ejecutivos y de control.

b)       Código ético y declaraciones de compromiso de responsables internos y candidatas/os a cargos electos.

c)       Programas electorales, documentos programáticos, informes de gestión y de rendición de cuentas de los mismos.

d)       Informe detallado de la totalidad de sus ingresos públicos y privados, con indicación expresa de las fuentes y donantes, así como el número de afiliados y afiliadas, cargos electos y sus aportaciones.

e)       Informe detallado de la totalidad de sus gastos, con indicación expresa de retribuciones a responsables internos y empleados, contrataciones de servicios externos y gastos de funcionamiento.

f)        Auditorías externas, Informes anuales de liquidación, informes de la Comisión de Auditoria, informes de la Comisión de Gastos electorales, Informes de la Comisión de Ética y Garantías.

g)       Inventario de bienes y patrimonio.

h)       Relación, historial profesional y declaraciones de bienes y patrimonio de responsables internos y cargos electos, con indicación expresa de incompatibilidades.

i)         Relación de actividades internas y externas, con indicación de número de asistentes y de acuerdos adoptados.

  1. Los partidos políticos promoverán la creación de ventanillas de atención ciudadana, de carácter abierto, ya sea mediante medios virtuales o presenciales, con el fin de atender y dar seguimiento a las propuestas y denuncias presentadas por ciudadanos y ciudadanas.

 

CAPÍTULO IV

El funcionamiento de los partidos políticos

 

Artículo 24.  Formación de la voluntad del partido

  1. Los órganos del partido y cualquiera de sus miembros, asambleas u organizaciones, podrán formular propuestas de contenido político y organizativo, así como presentar candidaturas a los distintos procesos electorales que se realicen por su partido.
  2. Las decisiones en el seno de un órgano del partido, salvo que la ley o los estatutos dispongan otra cosa, se adoptarán por mayoría simple de sus miembros.
  3. Cuando se trate de procesos electorales o de la gestión de los órganos de dirección, el voto será secreto. En las demás votaciones podrá votarse de modo público, siempre que no se formule oposición por un solo miembro del órgano correspondiente, en cuyo caso se votará de forma secreta.

Artículo 25.  Elección de órganos internos del partido.

  1. En las elecciones a miembros de los parlamentos internos y delegados a congresos, podrá presentar su candidatura cualquier miembro del ámbito territorial correspondiente. Los miembros o delegados y delegadas con derecho a voto votarán a las candidaturas de forma individual, pudiendo votar hasta un máximo del 60% de los puestos a elegir.
  2. En las elecciones para responsables internos de los órganos ejecutivos, presidencia, secretaría general o denominación que estatutariamente se establezca, vicepresidencia o vicesecretaría general, responsables de la administración, miembros de las comisiones de ética y garantías, auditoría de cuentas y cualquier otro órgano ejecutivo o de control, podrá presentar su candidatura cualquier miembro, en función de los criterios establecidos estatutariamente y en la presente ley orgánica.
  3. Todos los candidatos deberán publicar su historial profesional, así como una declaración de bienes y patrimonio, exponiendo los posibles conflictos de interés que pudieran derivarse de sus actividades profesionales o de su realidad patrimonial, con el ejercicio del cargo al que presenta su candidatura.
  4. Los miembros con derecho a voto votarán a las candidaturas de forma individual y, para ello dispondrán, con tiempo suficiente, de papeletas iguales con los nombres de los candidatos y candidatas ordenados alfabéticamente, sobre las que marcarán las preferencias.
  5. Serán elegidas los candidatos y las candidatas que obtengan el mayor número de votos, hasta completar el número total de cargos a elegir, si bien los partidos podrán establecer estatutariamente reglas de voto, en función del género, para garantizar criterios de representación paritaria.
  6. En el caso en el que estatutariamente las candidaturas requieran la presentación previa de avales, estos  no podrán ser superiores al 0,5% de los afiliados o al 5% de los delegados y delegadas.
  7. 7.       Tras ser elegidos los órganos ejecutivos, la persona que ostente la presidencia del mismo, hará una propuesta de asignación de cargos. En su primera reunión, el órgano ejecutivo aprobará la propuesta, que deberá ser refrendada posteriormente por el parlamento interno. Se procederá de igual manera para cambios que se produzcan en el periodo entre asambleas y congresos.

 

Artículo 26.  Elección de candidaturas electorales.

 

Naturaleza de las elecciones primarias.

  1. La elección de las candidaturas electorales de los partidos políticos se realizará mediante elecciones primarias. Estas se instituyen como primera fase del proceso electoral general y estarán regidas por la legislación  electoral y por las disposiciones de la presente Ley Orgánica.
  2. No obstante lo establecido en el punto anterior, aquellos partidos políticos que en el momento de la convocatoria electoral no tuvieran representación institucional, podrán elegir sus candidaturas electorales mediante los procedimientos internos regulados estatutariamente, de acuerdo con los mecanismos y garantías establecidos en la presente Ley Orgánica.

Tipos de primarias.

  1. Los partidos celebrarán elecciones primarias abiertas a todos los ciudadanos y ciudadanas inscritos en el correspondiente censo electoral para elegir la candidatura a la Presidencia del Gobierno, a la presidencia de las Comunidades Autónomas, a la presidencia de los Cabildos Insulares y a las alcaldías de las poblaciones de más de 5.000 habitantes.
  2. Los partidos podrán elegir entre la celebración de elecciones primarias abiertas o de elecciones primarias internas para la elección del resto de las candidaturas electorales. La elección de las cabeceras de la lista de cada distrito, en las elecciones al Parlamento Europeo, Congreso, Senado y parlamentos autonómicos, se realizará el mismo día que el resto de las candidaturas, si bien mediante votación separada.

Quién tiene derecho al voto en cada tipo de primaria

  1. En las elecciones primarias internas tendrán derecho de voto todos los miembros inscritos en el partido con más de dos meses de antigüedad, residentes en el distrito electoral y que estén al corriente de sus obligaciones estatutarias.
  2. En las elecciones primarias abiertas tendrán derecho de voto todos los ciudadanos y ciudadanas que lo deseen y se encuentren inscritos en el correspondiente Censo Electoral. Los partidos podrán establecer el requisito del pago de una cantidad simbólica y exigir la firma de un documento de adhesión a los principios generales del partido, como condición para que un ciudadano o ciudadana pueda ejercer el derecho del voto. Los ciudadanos y ciudadanas podrán participar en las primarias de un solo partido político en cada convocatoria electoral.

De la convocatoria de elecciones primarias.

  1. Las elecciones primarias para elegir candidaturas a la Presidencia del Gobierno, a la presidencia de las Comunidades Autónomas, a la presidencia de los Cabildos Insulares y a las alcaldías de las poblaciones de más de 5.000 habitantes, se celebrarán cuando lo decidan los parlamentos internos correspondientes. Entre la convocatoria y la celebración de la votación transcurrirá un mínimo de ocho semanas.
  2. Las elecciones primarias internas o abiertas a la ciudadanía, para el resto de las candidaturas o para los contemplados en el punto anterior si no se hubieran celebrado antes, se realizarán para todos los partidos el sexto domingo con anterioridad a la celebración de las correspondientes elecciones.
  3. Para cada convocatoria electoral, los parlamentos internos del correspondiente nivel territorial en cada partido político designarán una Comisión Electoral que organizará el proceso interno y que colaborará con la Junta Electoral en los casos de elecciones primarias abiertas.

Acreditación de candidaturas y condiciones exigibles.

  1. Para cada convocatoria electoral, los parlamentos internos del correspondiente nivel territorial establecerán los criterios de presentación de candidaturas y avales exigibles, que en ningún caso podrán ser superiores al 0,5% de los miembros del partido en el correspondiente nivel territorial, o del 5% de los miembros del parlamento interno correspondiente.
  2. En los procesos de elecciones primarias abiertas, una vez finalizado el proceso interno de acreditación, la Comisión Electoral elevará la relación de “candidaturas acreditadas” a la Junta Electoral correspondiente, con los nombres ordenados alfabéticamente de los candidatos y candidatas que cumplan los criterios establecidos. Contra esta resolución podrá presentar recurso cualquier miembro del partido ante la correspondiente Junta Electoral.

De los recursos de la campaña y las medidas de transparencia.

  1. Proclamadas las candidaturas, las Comisiones Electorales podrán promover campañas públicas de incentivo a la participación en las elecciones primarias, con indicación de fechas, lugares y candidaturas.
  2. Mediante el sitio web del correspondiente partido político, todos los candidatos y candidatas deberán publicar su historial profesional, su historia de vida laboral expedida por la Seguridad Social, así como una declaración de bienes y patrimonio, exponiendo los posibles conflictos de interés que pudieran derivarse de sus actividades profesionales, o de su realidad patrimonial, con el ejercicio del cargo al que presenta su candidatura. Todos los candidatos y candidatas, al finalizar la campaña, deberán presentar a la Comisión Electoral una memoria de las fuentes de financiación de su campaña, con expresión detallada del presupuesto y relación de donantes.
  3. Corresponderá a las comisiones electorales establecer las condiciones de campaña de los candidatos y candidatas, así como los recursos que los partidos políticos, de forma equitativa, pondrán a disposición de los mismos. Los partidos políticos garantizan a los candidatos y candidatas el acceso al censo electoral en la forma que reglamentariamente se establezca. La falta de equidad en el acceso a los recursos o a la información podrá ser objeto de recurso, con garantía de resolución urgente, ante la Junta Electoral correspondiente.

Sobre la votación y el tipo de voto.

  1. La votación se realizará en los colegios electorales dispuestos por la Junta Electoral de Distrito o en las sedes de los propios partidos políticos, siempre bajo la supervisión de la primera. Cada mesa estará formada por un representante de la Junta Electoral, otro de la Comisión Electoral del correspondiente partido político, así como los interventores o interventoras que designe cada candidato o candidata.
  2. Las papeletas de votación tendrán un modelo oficial, con el logo del partido y los nombres de las candidaturas acreditadas, ordenadas alfabéticamente por sus apellidos, con indicación de edad y profesión, junto a los que se habilitará una casilla en la que los votantes podrán marcar su preferencia. En las elecciones primarias abiertas regirán las mismas normas sobre voto por correo que en las elecciones a instituciones oficiales.
  3. El voto en las elecciones primarias será secreto. Para la elección de la candidatura a la Presidencia del Gobierno, a la presidencia de las Comunidades Autónomas, a la presidencia de los Cabildos Insulares, a las alcaldías, a las cabeceras de la lista de cada distrito, en las elecciones al Parlamento Europeo, Congreso, Senado y parlamentos autonómicos, así como al resto de candidaturas en cuya circunscripción electoral el número de cargos a elegir sea de diez o inferior, se podrá votar a un único candidato. Para el resto de candidaturas se utilizará el voto preferencial limitado a tres candidatos, indicando su orden de preferencia.
  4. Los partidos políticos podrán establecer, estatutariamente, reglas de selección en función del género de los candidatos, para garantizar criterios de representación paritaria.

Sobre la ordenación de los resultados

  1. Tras la celebración de las elecciones primarias, la Comisión Electoral en elecciones primarias internas, y las correspondientes Juntas Electorales en el caso de las elecciones primarias abiertas, procederán al recuento y proclamación de las candidaturas elegidas.
  2. Los candidatos y candidatas a presidentes de Cabildos Insulares y alcaldes, así como para las cabeceras de lista de cada distrito en las elecciones al Parlamento Europeo, Congreso, Senado y parlamentos autonómicos, que hayan recibido mayor número de votos, ocuparán la primera posición en las correspondientes listas de distrito. El resto de candidatos y candidatas se ordenarán según el número de votos recibidos, pudiendo alterarse el orden para dar cumplimiento a los requisitos de representación paritaria exigidos por cada partido.
  3. El candidato o candidata a la Presidencia del Gobierno o a la presidencia de las Comunidades Autónomas que haya recibido mayor número de votos ocupará la primera posición del distrito electoral por el que el candidato o candidata decida comparecer a las elecciones.

CAPÍTULO V

La financiación y transparencia presupuestaria de los partidos políticos

 

Artículo 27. Principios de rendición de cuentas y transparencia presupuestaria.

  1. Los partidos políticos, en tanto asociaciones de carácter especial, rendirán cuentas públicas de la totalidad de sus fondos públicos y privados. El Tribunal de Cuentas, la Agencia Tributaria,  así como cualquier otra administración pública que legamente se establezca, recabará la información en forma y plazos que permita que la fiscalización correspondiente a un ejercicio presupuestario se haga pública en los seis meses siguientes a su finalización. Este plazo será de especial aplicación tras la finalización de los procesos electorales.
  2. Los partidos políticos están obligados a hacer públicos sus presupuestos a través de sus sitios web, con un nivel de detalle que permita con amplio conocimiento de sus ingresos y fuentes, sus gastos y prioridades, con el único límite de la protección de datos de carácter personal.
  3. Los partidos políticos con representación institucional estarán obligados a presentar, junto con las correspondientes liquidaciones anuales, un informe de auditoría externa independiente. Ambos informes serán entregados a las administraciones públicas y publicados en sus respectivos sitios web, junto a los presupuestos anuales.
  4. Los partidos políticos cumplirán, como entidades receptoras de fondos públicos, con las legislaciones sectoriales y de transparencia vigentes.

 

 

Artículo 28. Principios básicos de financiación.

  1. La financiación de los partidos políticos se realizará exclusivamente mediante fondos públicos y donaciones privadas.
  2. La financiación pública se establecerá de acuerdo con la legislación electoral en lo relativo a las campañas electorales, y la legislación específica para la financiación ordinaria de los partidos políticos, así como mediante la financiación que las instituciones públicas otorguen a los grupos municipales, provinciales o insulares, en los parlamentos autonómicos, Congreso, Senado y Parlamento Europeo.
  3. En cuanto a la financiación privada, quedan prohibidas las donaciones directas o indirectas a los partidos políticos y entidades o fundaciones directamente dependientes, por parte de cualquier empresa o entidad con ánimo de lucro.
  4. Esta prohibición de realizar donaciones es extensiva a cualquier fundación o entidad sin animo de lucro vinculada directamente a una sociedad que mantenga o haya mantenido relaciones comerciales con las administraciones públicas.
  5. Las donaciones realizadas a titulo individual por cualquier ciudadano ó ciudadana, se someterán al limite que establezca la legislación especifica o las leyes electorales y se realizarán siempre mediante transferencia por entidad bancaría. Quedan prohibidas las donaciones en metálico.
  6. Cada uno de los ingresos públicos y donaciones privadas, contabilizados por el partido o sus fundaciones y organizaciones afines, deberán publicarse en el sitio web del partido político, así como el correspondiente sitio web de Tribunal de Cuentas, en un plazo no superior a un mes desde el registro de la misma, haciendo constar los datos del donante o la fuente pública de financiación y, en este caso, los conceptos por los cuales se realiza.
  7. Quedan expresamente prohibidas cualquier tipo de donaciones anónimas o en especie.
  8. Toda la legislación de aplicación en materia de financiación de campañas electorales o para el funcionamiento ordinario de los partidos políticos será sometida a revisión para la aplicación de lo establecido en la presente Ley Orgánica. Cualquier infracción grave relativa a la financiación ordinaria o relativa a las campañas electorales, tendrá consideración de delito penal.